Aprobaron el proyecto de “San Luis Unido” que garantiza que nadie perderá los planes sociales

El proyecto de “Garantía social de no suspensión de beneficios” propone que ninguna persona, que percibe un plan del Gobierno provincial, lo pierda.

Es una iniciativa que impulsó en el comienzo del año el frente que postula la fórmula Claudio Poggi y Enrique Ponce para transmitir tranquilidad a los miles de sanluiseños que dependen del Estado. De esa forma se busca dar respuesta ante las denuncias públicas de trabajadores de “aprietes” provenientes de Terrazas del Portezuelo.

Los legisladores dieron media sanción por mayoría. Fueron 36 votos positivos y 6 negativos de los diputados del Frente de Unidad Justicialista que responden a Alberto Rodríguez Saá.

En su articulado, establece que “no podrá darse de baja hasta el 10 de diciembre de 2019 ningún beneficio social otorgado por el Estado Provincial, salvo causa justificada, por cese de las condiciones que habilitaron su otorgamiento, por fallecimiento del titular o incompatibilidad”.

Además, plantea que el decreto del Poder Ejecutivo Provincial “es el único acto administrativo idóneo para disponer el cese de un beneficio con causa justificada, sin que sea posible la delegación y/o ratificación posterior”.

Sin embargo, debe indicarse el motivo de la baja “debiendo obrar en el respectivo expediente administrativo la documentación respaldatoria que la acredite”.

En otro punto, la iniciativa contempla que se deberá remitir a la Cámara Baja, dentro de los cinco días corridos desde que se sancionó la ley, el listado de beneficiarios del Plan de Inclusión Social “Trabajo por San Luis”, Plan Pañuelos Solidarios, Plan de Capacitaciones “22 AG”, Becas para Jóvenes Puntanos “Soñamos Junto a Vos”, y cualquier otro beneficio  “de similar naturaleza existente o que se cree en el futuro”.

El Gobierno provincial tendrá que enviar semanalmente “las altas y las bajas que se produzcan en el mencionado listado”.

Asimismo, en caso de aprobarse, se habilitará una plataforma web y telefónica para recibir denuncias de beneficiarios por “incumplimiento de las previsiones reguladas” y recepcionar aquellas contra personas que mediante intimidación o violencia “obliguen a un beneficiario a realizar actividades proselitistas y/o emitir sufragio a favor de determinada alianza, partido o y/o candidato”.

Por último, el funcionario que no cumpla con lo estipulado recibirá una sanción con una multa de una a 10 veces su remuneración mensual.

El diputado del Frente San Luis Unido, Gastón Hissa destacó la celeridad del tratamiento. En ese sentido, dijo que en la primera sesión del año se solicitó moción de preferencia para que se sancionara de manera “rápida”. Finalmente, hoy se aprobó por mayoría y sin haberse debatido en comisión.

“Esta herramienta busca que a todos aquellos sanluiseños que están bajo el amparo de alguno de los planes sociales y realmente lo necesitan, tengan la tranquilidad y seguridad jurídica que en el caso de que esto sea ley por ningún motivo electoral sean dados de baja”, reflexionó el legislador.

Asimismo, señaló que se trata de una “especie de control” que tiene el Poder Legislativo.

“Hemos buscado proteger a las personas vulnerables que hoy necesitan de un plan social y no por cuestiones políticas sean dados de bajas. Son conductas reprochables que en caso de que se produzcan, lo plasmamos en un proyecto de ley”, explicó al fundamentar los motivos que los llevó a formular la propuesta.

Con la media sanción, ahora pasará al Senado para su tratamiento.

“Esperemos que no haga como en otras oportunidades, que cajonea los proyectos y no los saca, porque realmente se verá coartada esta buena acción de proteger a todos aquellos que están en algún plan social por necesidad y son manipulados en épocas electorales por el Gobierno provincial”, finalizó.